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Erwin F. Carranza (Eusébio)

El medio ambiente y la gestión pública

Desde 1985 es un mandato constitucional en Guatemala [Artículo 97 Cn.] la obligación del Estado, las municipalidades – y cada ciudadano – propiciar el desarrollo económico previniendo la contaminación ambiental y manteniendo el equilibrio ecológico. Además, el constituyente del 85 manda a que se norme la utilización y aprovechamiento de la fauna, flora, tierra y agua de manera racional, evitando la depredación.


Antes de la vigencia de la Constitución, en mayo de 1985, Guatemala carecía de una normativa estructurada para la protección ambiental y mantenimiento del equilibro ecológico. Todo se limitaba a referencias aisladas, algunos reglamentos insuficientes y compromisos adquiridos en tratados internacionales relacionados sin cumplimiento.

La Constitución del 85 es novedosa en muchos sentidos; dotar de rango constitucional la protección del medio ambiente: fue visionario. Ese fue solo el inicio de una travesía con altas y bajas en pro del desarrollo de la norma constitucional y la construcción de la institucionalidad necesaria.

El Estado de Guatemala carece de políticas que fijen el orden de las prioridades; que impide, entre otras cosas, abordar la escasa cobertura educativa en el nivel de preprimaria, por ejemplo. Comparativamente y en orden de prioridades, ¿Qué lugar tiene para la administración el medio ambiente?

La Constitución contiene una idea política que atañe a los intereses de toda la población: mantener el equilibrio ecológico, evitando la depredación de los recursos y contaminación ambiental. La normativa que desarrolla ese mandato será de mayor o menor calado para alcanzar los objetivos políticos trazados en el texto constitucional. Al final, el resultado se mide en la calidad de vida de las personas.

Los intereses de todos los guatemaltecos se hallan representados [en una democracia representativa] en la administración pública y sus diferentes niveles. La administración municipal, a la que también manda la constitución ocuparse la gestión adecuada para el mantenimiento del equilibrio ecológico, evitando la depredación de los recursos y contaminación ambiental, es mucho más cercana a la cotidianeidad y los problemas de los ciudadanos. A la administración municipal corresponden competencias de administración variadas: gestión de servicios municipales, obra pública municipal, gestión y manejos de las basura y manejo de desechos, licencias de construcción, alumbrado público, rastros, cementerios, etc.

No es un secreto que una de las deficiencias de la democracia guatemalteca es también la incapacidad de las administraciones – municipal – de gestionar los intereses públicos adecuadamente; diseñar y ejecutar políticas públicas y así cumplir con la razón misma del orden social: el bien común. A manera de ejemplo: más de la mitad de los municipios del país no tienen capacidad de cobrar y gestionar el Impuesto Único Sobre Inmuebles - IUSI - o actualizar sus catastro.

El municipio debe ser el primer frente de atención a los problemas medioambientales. Lo que agrava los problemas y nos afecta directa e inmediatamente es la incapacidad de los gestores municipales para adecuar la gestión al mandato constitucional [Artículo 97 Cn.].

El apoyo técnico sin menoscabo de otros ejes para la protección medioambiental siempre fue primordial. A medida que avanza el siglo y los problemas medioambientales se multiplican: la razón, la ciencia, la política y la asistencia cobran otra dimensión.

Desde 1986 el organigrama de la administración pública sigue siendo básicamente el mismo. El ministerio de medioambiente y recursos naturales apareció unos años después y sus competencias se yuxtaponen a las municipales, tiene escasa cobertura nacional y su presupuesto con relación al PIB sigue siendo reducido.

El municipio está llamado a convertirse en actor primario en la protección del medio ambiente y necesita ayuda y asistencia técnica.

Pero aún y cuando los sistemas de gestión sean eficientes; también deben ser sostenidos en el tiempo. Allí es donde aparecemos nosotros: los ciudadanos. Para hacer sostenibles las políticas medioambientales debemos practicar una ciudadanía más responsable: debemos llevar a los gobiernos municipales a personas comprometidas con el medio ambiente.


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Por: Erwin F. Carranza (Eusébio).

Eusebio, embajador en BeeHub, dedica sus esfuerzos a los programas de asistencia técnica: ayudar a los gestores de lo público a construir sus políticas medio ambientales. Eso es importante.


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